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María Julia Alsogaray empezó a ser juzgada por cuarta vez por corrupción Imprimir E-Mail
martes, 11 de febrero de 2014 a las 18:45

La ex funcionaria menemista comenzó a ser juzgada por cuarta vez en una causa por corrupción, en este caso por hechos cometidos hace veinticinco años, durante la privatización de la empresa telefónica Entel.

En la primera audiencia, tanto la defensa de la exfuncionaria como la de los otros tres imputados reclamaron ante el Tribunal Oral Federal 6 la nulidad del juicio y la prescripción por estar excedido el tiempo razonable.
Tanto este pedido de nulidad como otros fundados en razones de procedimiento deberán estar resueltos por los jueces José Martínez Sobrino, María del Carmen Roqueta y Julio Panello en la próxima audiencia, convocada el jueves a las 10.
No obstante, la Sala IV de la Cámara de Casación Penal ya comunicó ayer a los imputados su rechazo a esos pedidos de anulación del juicio que había sido tramitado antes del inicio del juicio ante ese tribunal.
La defensora oficial de Alsogaray, Pamela Bisserier, que ya la asistió en los anteriores juicios, anticipó que presentará un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para tratar de revertir ese fallo, en una maniobra que la fiscal Sabrina Namer consideró ineficaz.
En la causa que se ventila ante el Tribunal Oral Federal 6 se tratará un presunto caso de defraudación al Estado en 250.000 dólares en la liquidación y certificación de obras públicas.
Junto a Alsogaray se sentaron en el banquillo Gustavo Daneri, excoordinador general de Entel e integrante del estudio Javier Fernández Madero, y los representantes de KPMG, Hernán Pflaum y Juan Carlos Pickenhayn.
Pflaum y Pickenhayn ya habían pedido realizar una probation que los exima del juicio aduciendo que no eran funcionarios públicos, pero Namer rechazó esa posibilidad aduciendo jurisprudencia que establece la obligatoriedad de juicio para casos de corrupción.
La exdirigente liberal tiene ahora 71 años y acumula ya dos condenas, una a cuatro años de prisión por defraudación a la administración pública, y otra de tres años por enriquecimiento ilícito, que no cumple porque aún no están firmes.



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