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El FPV presentó un proyecto de ley para regular la protesta social Imprimir E-Mail
viernes, 18 de abril de 2014 a las 10:55

Considera "legítimas" a las anunciadas con 48 horas de anticipación, y crea la figura del mediador, el responsable de negociar con los organizadores de las manifestaciones, canalizar los reclamos y garantizar que sean atendidos.

Un grupo de diputados del Frente para la Victoria (FPV) presentó el martes un proyecto de ley para regular las protestas sociales. La iniciativa, que responde a la solicitud realizada a todos los bloques parlamentarios por la presidenta Cristina Fernández durante la inauguración de las sesiones ordinarias, tiene como fin regular la convivencia en las manifestaciones públicas. El diputado Juan Manuel Pedrini, autor de la iniciativa, aseguró que la iniciativa "no criminaliza, no aplica penas ni sanciona pero sí regula" la demostraciones callejeras.
El caos vehicular que suele producirse mientras se desarrolla una manifestación en las calles de una ciudad, como sucede en la Capital Federal, suele ser motivo de reclamos y exigencias de solución por parte de sectores sociales y partidos de la oposición y hasta caballito de batalla de monopolios mediáticos. La queja y la responsabilidad siempre se ha dirigido hacia el gobierno nacional que decidió, desde la época del gobierno de Néstor Kirchner, no reprimir ni criminalizar la protesta social. En el Congreso han existido proyectos sobre esta temática aunque en su mayoría preveían, a diferencia del que presentó ahora el oficialismo, penas y multas a los organizadores de las manifestaciones.
Pedrini, oriundo de Chaco y ex ministro de gobierno del entonces gobernador Jorge Capitanich, escribió un texto normativo donde diferencia las protestas legítimas de las no legítimas. La diferencia fundamental estriba en que las primeras han sido notificadas con una antelación no menor a las 48 horas. Pedrini recibió el apoyo de seis diputados de su bancada que rubricaron el texto normativo. Allí figuran Carlos Kunkel, Diana Conti, José María Díaz Bancalari, Sandra Mendoza, Teresa García y Gustavo Martínez Campos. "Queremos que participe todo el mundo en este debate, los partidos, las organizaciones sociales, los gremios y la justicia", aseguró García, quien además de ser una de las cofirmantes es la secretaria Parlamentaria del bloque del FPV. Hay un dato más y de importancia política: el proyecto cuenta con el aval y la promoción del propio jefe de Gabinete.
En su articulado el proyecto dice que el objeto es "garantizar el ejercicio de los derechos de libertad de expresión, de reunión, de peticionar ante las autoridades, del uso del espacio público, así como el de libre circulación e integridad física durante el desarrollo de manifestaciones públicas". Pedrini asegura que con esta iniciativa lo que busca es saldar la deuda parlamentaria que existe ante la "colisión" de estos derechos que prevé la Constitución.
"No hay espíritu blumbergiano", dice Pedrini al remarcar que el proyecto no prevé criminalizar las protestas sociales a diferencia de aquellos que incrementaban penas como los que propuso en su momento el padre del joven Axel. Además recalcó que el proyecto incorpora la figura del mediador, quien tendrá la responsabilidad de canalizar y garantizar que los reclamos de los manifestantes sean atendidos por las autoridades pertinentes. En tal sentido, la autoridad de aplicación recaería, de ser aprobado el proyecto, en el Ministerio de Seguridad y sus similares de las provincias que adhieran a la norma propuesta.
Según la letra del proyecto, las protestas no serán prohibidas y aquellas que se reconozcan como "legítimas" deberán garantizar el libre tránsito en las arterias, rutas o autopistas donde se produzca la movilización. En ese sentido, deberán liberar un carril para que pueda continuar circulando el tránsito, sobre todo ambulancias, transportes escolares o vehículos con personas con capacidades diferentes. En tanto, los medios de comunicación públicos tendrán la responsabilidad de transmitir los reclamos de aquellas manifestaciones "legítimas".
El legislador considera que la figura del "mediador" será central porque mantendrá la negociación con el responsable de la manifestación, quien deberá ser elegido y nominado al momento de anunciarse la realización de la protesta. "El mediador estará siempre disponible porque la justicia es lenta, los problemas están en la calle y no en los escritorios", dijo Pedrini quien advirtió que el mediador tiene que tener un perfil político y con experiencia en el campo de las organizaciones sociales, políticas y sindicales.
El proyecto del FPV no es el único. El 27 de marzo pasado el presidente del bloque del Frente Renovador, Rubén Darío Giustozzi, presentó un proyecto sobre la misma problemática. Sin embargo, los renovadores consideran que los ejecutivos nacionales, provinciales y municipales deben construir o habilitar un espacio físico donde se realice la protesta quitándole visibilidad. Es más, el proyecto de Giustozzi prevé que aquellas manifestaciones que se realicen fuera de esos espacios determinados "serán susceptibles de ser sancionados mediante trabajos comunitarios, y subsidiariamente, por la aplicación de multas".
 

 

Los puntos centrales de la iniciativa

La iniciativa presentada ayer establece una categorización básica que distingue entre protestas "legítimas" e "ilegítimas". Para que una manifestación sea considerada legítima, los organizadores deben encuadrarla en los siguientes requisitos:
-No impide el normal funcionamiento de servicios públicos, especialmente los relativos a la educación, la seguridad y la salud públicas.
-No impide totalmente la circulación de personas y vehículos en una dirección determinada.
-Permite la libre circulación, en todos los casos, de grupos especialmente vulnerables como niños, adultos mayores, discapacitados y enfermos, entre otros.
-Los manifestantes no cometen delitos previstos por el Código Penal durante la protesta.
-Es notificada en los términos de la presente ley.
Cuando estos elementos no se encuentren reunidos, se considera que la manifestación es ilegítima. En el proyecto, se advierte que una demostración de esta naturaleza "que afecte derechos de terceros" podrá ser dispersada por las fuerzas de seguridad con el objeto de garantizarlos, "pero siempre sometiéndose la actuación de las fuerzas a los procedimientos y límites previstos en la propia ley, entre ellos, la prohibición del uso de armas de fuego, la intervención previa del mediador, y el principio de legalidad, gradualidad, oportunidad y último recurso, entre otros.
La iniciativa establece que los organizadores de la manifestación deben informar su realización ante la autoridad policial con 48 horas de anticipación. En la notificación deberá consignarse el lugar en el que se llevará a cabo, el tiempo estimado de duración, el objeto de la protesta, y el manifestante delegado.

Esta figura será la encargada de interactuar con el otro protagonista clave de la ley: el mediador, quien deberá ser personal civil del Ministerio de Seguridad y tendrá, entre sus funciones, pactar las condiciones del cese de la perturbación a derechos de terceros y canalizar las demandas al área correspondiente. La mediación no podrá superar las 2 horas, y una vez concluida, quedará plasmada en un acta.

 Críticas de la izquierda, el pro y el massismo

 

 El proyecto de ley del oficialismo nacional para regular la protesta en las calles cosechó fuerte rechazo y la promesa de acciones directas desde la izquierda, además de cuestionamientos desde el massismo y el PRO en un contexto de silencio en el resto de la oposición. "Vamos a rechazar con todas nuestras fuerzas este proyecto reaccionario que intenta limitar y cercenar el derecho a la protesta de los trabajadores y sus métodos tradicionales de lucha. Vamos a convocar a las distintas organizaciones obreras combativas para, con la movilización en las calles, evitar que se vote", afirmó el diputado nacional del PTS en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Nicolás Del Caño.
El diputado bonaerense Christian Castillo, también del PTS, en el FIT, planteó que "pareciera haber un concurso entre el kirchnerismo y la oposición de derecha de Sergio Massa, que anunció un proyecto similar, para ver quién es más reaccionario”.
Desde el massismo, en tanto, el diputado nacional Alberto Asseff opinó que "el proyecto del FPV llega diez años tarde, después de que millones de argentinos, sobre todo del área metropolitana, sufrieron un sinfín de penurias para trasladarse y el país dio la imagen de un colosal desorden cotidiano". Vía Twitter, el diputado nacional Federico Pinedo (PRO) planteó reparos sobre la intención de que cada manifestación sea comunicada con antelación: "Proyecto K sobre piquetes: avisar dos días antes es imposible si se manifiesta la gente por cortes de luz, por ejemplo." El diputado nacional Néstor Pitrola (FIT), apeló a una comparación con la movilización del 17 de Octubre. "Imaginen que el 15 de octubre de 1945, 48 horas antes, hubieran tenido que pedir permiso para que fuera declarada ‘legítima’ la movilización", escribió.



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