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Piden embargar a las petroleras que operan en las Islas Malvinas Imprimir E-Mail
lunes, 01 de junio de 2015 a las 20:54

La justicia federal de Río Grande analiza una batería de medidas cautelares. Fueron pedidas por las fiscalías actuantes e impulsadas por el Estado nacional.  En los próximos días la justicia podría disponer fuertes multas, e inhibir a las multinacionales que actúan en el archipiélago y a sus directivos.

La denuncia penal contra nueve empresas extranjeras que están operando ilegalmente en aguas circundantes a las Islas Malvinas avanza en los tribunales argentinos. Al calor del anuncio del hallazgo de petróleo en la Cuenca Norte del archipiélago que realizaron tres multinacionales el 28 de mayo pasado, la jueza federal de Río Grande, Lilian Herraez, analiza una batería de medidas cautelares que solicitaron las fiscalías intervinientes -por impulso del gobierno nacional- en el caso hace más de un mes para hacer cesar la búsqueda y apropiación de recursos hidrocarburíferos en la zona.
Según pudo saber Tiempo, en el requerimiento de instrucción que realizaron los representantes del Ministerio Público Fiscal se le pidió a la magistrada el congelamiento de bienes, inhibiciones y embargos tanto de las compañías como de sus directivos involucrados en las tareas ilegales. También se demandó el llamado a indagatoria de estos últimos. Para lograr la citación de los responsables del supuesto delito no se descartó la posibilidad de concretar detenciones, informaron fuentes judiciales.
El 9 de abril pasado, cinco empresas involucradas en las tareas de exploración fueron denunciadas penalmente por el gobierno de Cristina Fernández. Sustentada en la Ley de Hidrocarburos, el Poder Ejecutivo las acusó de operar ilegalmente en la plataforma continental argentina, es decir, sin la autorización de la autoridad competente, la Secretaría de Energía.
Las primeras firmas acusadas fueron: Rockhopper Exploration plc, Premier Oil plc, Falkland Oil And Gas Limited (FOGL), Noble Energy Inc. y Edison International SpA que integraron el consorcio responsable de la contratación de la plataforma semisumergible Eirik Raude, que el 6 de marzo pasado inició una campaña exploratoria en la Cuenca Norte, a unos 200 kilómetros del archipiélago. Justamente, el jueves pasado, las tres primeras anunciaron que encontraron petróleo en el pozo Isobel Deep, en la mentada cuenca.

 

 

El esquema apropiador
Basados en la denuncia que realizó el gobierno nacional, el 21 de abril la fiscalía federal de Río Grande, la fiscalía general del Distrito Ushuaia y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos presentaron el requerimiento de instrucción del caso ante el Juzgado Federal de Río Grande (Tierra del Fuego), a cargo de Herraez. En la acusación sumaron a otras cuatro firmas. Les sindicaron facilitar el delito que cometen las primeras.
Las nuevas denunciadas fueron: Petroleum Geo-Services (PGS), que aportó los buques para realizar los análisis de sustentabilidad de  los yacimientos; Desire Petroleum –absorbida por FOGL-, que brindó datos sísmicos; Neptune EHF, que prestó el buque con el que se habrían realizado estudios geoquímicos y de líneas de base ambientales; y Ocean Rig (noruega), propietaria de la plataforma Eirik Raude, que fue contratada para realizar las exploraciones. Así, las denunciadas son nueve.
A todas se les imputó realizar "actividades ilícitas de exploración, búsqueda y eventual extracción de hidrocarburos en el Océano Atlántico, en proximidades de las Malvinas sin contar con autorización, concesión o permiso alguno otorgado por la autoridad competente argentina", según informó el portal InfojusNoticias. Los fiscales solicitaron a la jueza que por medio de medidas cautelares "haga cesar los efectos del delito" e impida que continúen operando.
Según se supo, se podría avanzar en:
* La inhibición general de bienes de las personas jurídicas que se usaron en la maniobra delictiva.
* El embargo de bienes de las firmas en la Argentina y el exterior.
* La detención de los responsables del delito para que la jueza les pueda tomar declaración indagatoria.
* Diversas sanciones, entre ellas: fuertes multas en barriles de petróleo y la prohibición de  amarre en puertos de los buques de las firmas denunciadas, entre otras cuestiones.
* La prohibición de innovar.



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