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Ocho mitos sobre la crisis alimentaria actual

Por Vicent Boix (*)

A nivel general, la liberalización del mercado agrícola alejó a los estados de su función tradicional de legislar según los intereses de sus poblaciones, lo que ha provocado que la cadena alimentaria sea controlada por grandes empresas que exprimen al agricultor hasta su desaparición. Sin éste no hay cultivos y crece la dependencia hacia unas pocas transnacionales que manejan y especulan con el comercio agrícola. La crisis actual no se trata de un fenómeno coyuntural, sino que el escenario para la tragedia actual, durante décadas se fue preparando en muchos países a través de políticas liberales ortodoxas impuestas en algunos casos a través de chantajes y conflictos armados.



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Las Noticias del Día
El cambio climático impacta en los derechos humanos Imprimir E-Mail
Escrito por Mabel González Bustelo   
viernes, 20 de febrero de 2009 a las 15:03

Por Mabel González Bustelo (*)

 

Se ha publicado un informe hace menos de un añó, que aborda una faceta hasta ahora casi desconocida del cambio climático y sus efectos: el impacto que tendrá en los derechos humanos, que será especialmente duro en las poblaciones y países que ya son más pobres y vulnerables. Ésta es una de las grandes paradojas del fenómeno. El cambio climático está siendo causado por el hombre y hay consenso científico en que lo causan las emisiones desmedidas de gases de efecto invernadero (procedentes sobre todo de la quema de combustibles fósiles). Los mayores responsables son, por tanto, los países desarrollados. Sin embargo, serán los menos desarrollados y que, por tanto, menos han contribuido a él, los que lo sufrirán en mayor medida. En marzo de 2008, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU encargó al Alto Comisionado para los Derechos Humanos un informe detallado sobre la relación entre cambio climático y derechos humanos. El enfoque es novedoso ya que, tradicionalmente, los principales debates relacionados con el cambio climático se centraban en sus aspectos científicos, medioambientales y económicos. El informe ha sido publicado hace pocos días y sus conclusiones son demoledoras.

 

 

 

 

El derecho supremo, amenazado

El derecho a la vida, llamado en ocasiones por este Consejo el derecho supremo, será el primero en verse afectado por las consecuencias directas o indirectas del cambio climático. Debido al aumento de las sequías y la extensión de zonas desérticas, más personas se verán afectadas por el hambre y la malnutrición.

También afectará a este derecho la multiplicación de los desastres asociados con el clima. Entre 2000 y 2004, unos 260 millones de personas ya se vieron afectados por ellos cada año, y de ellos un 98 por ciento de ellos vivía países en vías de desarrollo. Estas pautas van a empeorar.

Consecuencias desastrosas

En las zonas ubicadas en bajas latitudes se prevé que baje la productividad de los cultivos, incrementando la inseguridad alimentaria y el hambre. Se calcula que el número de personas que pasa hambre aumentará en 600 millones, sobre todo en África Subsahariana, pero también en otras regiones donde los habitantes tienen una elevada dependencia de ciertos cultivos que van a resultar mermados.

El deshielo de los glaciares y de las cumbres montañosas, que se va a intensificar, afectará a la disponibilidad de agua potable (más de una sexta parte de la población mundial depende de agua derretida de la nieve para abastecerse). Actualmente, ya son 1.100 millones el número de personas que sufre problemas de acceso a agua potable y, como consecuencia de ello, diversas enfermedades infecciosas. El cambio climático va a interactuar de forma negativa con otras causas ya existentes de escasez de agua como el crecimiento de población, el deterioro medioambiental, la pobreza o la mala gestión del recurso.

En África Subsahariana, el sur de Asia y Oriente Medio, también va a resultar afectado el derecho a la salud por los incrementos en la malnutrición, las enfermedades y heridas como resultado de eventos catastróficos, así como enfermedades cardiorespiratorias e infecciosas debidas a la contaminación. Un caso claro y preocupante es que se van a ampliar considerablemente las zonas donde se dan las condiciones climáticas que favorecen la extensión de la malaria.

Una amenaza para la paz

Los efectos serán mayores en los colectivos más vulnerables, como las mujeres, los niños, las personas ancianas y aquéllas con discapacidades, y colectivos específicos como grupos indígenas que residen en zonas que serán muy afectadas. Como se señala en el informe, existen indicadores que demuestran que en un desastre natural la tasa de mortalidad de las mujeres es muy superior a la de los hombres. Hay varias razones para ello: es más probable que estén cuidando de sus hijos, que llevan ropas que impidan la rapidez de movimientos o que no sepan nadar.

Por último, el cambio climático tendrá efectos sobre todos estos derechos (a la vida, a la alimentación, a la salud…) porque se convertirá en una amenaza clave para la paz y la seguridad. La organización International Alert ha estimado que este fenómeno, combinado con problemas políticos, sociales y económicos, creará altos riesgos de conflicto violento en 46 países, en los que viven 2.700 millones de personas y ubicados sobre todo en África Subsahariana, América Latina y Asia.

Después de décadas de debates, hay ahora un amplio consenso científico en torno a algunas realidades. Con un 90 por ciento de certeza, se puede afirmar que el aumento de temperaturas globales que se ha observado en los últimos cincuenta años está causado por la emisión de gases de efecto invernadero. La principal fuente de este incremento de emisiones es la quema de combustibles fósiles. Entre los principales cambios en el clima que ya se están apreciando y que se prevé que empeoren figuran una acusada reducción de las zonas con nieves perpetuas; aumento del nivel del mar y mayores temperaturas en el agua; mayor frecuencia de fenómenos de calor extremo; eventos catastróficos ligados a las fuertes precipitaciones y más áreas afectadas por inundaciones, y mayor frecuencia e intensidad de ciclones tropicales, entre otros.

¿Qué hacer?

A pesar de la gravedad de todo esto, es difícil jurídicamente calificar los efectos del cambio climático como violaciones de los derechos humanos. Esto ocurre por varias razones. Por un lado es prácticamente imposible establecer un sólo vínculo claro y directo entre las emisiones históricas de gases de efecto invernadero por parte de un país y un efecto específico, ya que los elementos en juego son múltiples y complejos. También lo es establecer esa relación entre el cambio climático y un determinado fenómeno con implicaciones para los derechos humanos. Es decir, es difícil que un individuo pueda acusar a un Estado de haberle causado un determinado daño.

Sin embargo, el informe del Consejo de Derechos Humanos señala que sí hay cosas que se pueden hacer. Los Estados, por un lado, están obligados a adoptar medidas encaminadas hacia la plena realización de los derechos económicos, sociales y culturales de sus ciudadanos, en cumplimiento de la normativa internacional, y en este proceso se puede reducir la vulnerabilidad de muchos grupos sociales. Otras cuestiones esenciales son facilitar el acceso a la información (sobre cambio climático, sus posibles efectos, alertas tempranas, etcétera), y fomentar la participación de los afectados como sujetos activos en los procesos de toma de decisiones, por ejemplo, si se va a desplazar a personas desde una zona en riesgo para ponerlas a salvo. En suma, todo ello supondría que los estándares y los principios de los derechos humanos, y sus fundamentos morales, se incorporaran a la toma de decisiones sobre el cambio climático.

Una cuestión clave en la lucha contra el cambio climático es la cooperación internacional. Esto es aún más importante cuando se tienen en cuenta los mencionados efectos sobre los derechos humanos ya que serán desproporcionados para las poblaciones más vulnerables del planeta (que por otro lado, son las que menos responsabilidad tienen en la situación). El informe saca a la luz un aspecto hasta ahora poco reconocido pero que debe tenerse en cuenta al abordar las políticas de cooperación.

(*) Fuente: Safe Democracy Foundation

 



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