La presidenta Cristina Fernandez de Kirchner, acaba de festejar el 60º Aniversario de la CNEA reafirmando el impulso a la industria nuclear con el anuncio de finalización y puesta en marcha de la nueva central nucleoeléctrica Atucha II; la construcción del prototipo Carem 25; y el nuevo proyecto para la prolongación de la vida útil de la central nuclear de Embalse. Para entender estos anuncios, investigando entre los considerandos del plan estratégico nuclear, se encuentra el más importante para una castigada Argentina productiva: se trata del importante desarrollo tecnológico alcanzado por la actividad a lo largo de varias décadas, habidas significativas exportaciones a Egipto, Perú y Australia, capitalizable a futuro a través de la profundización de ese desarrollo para, entre otros, la realización de un ambicioso plan nucleoeléctrico nacional –que prevé la construcción de unas 10/15 nuevas centrales nucleares para el año 2025- y la aplicación nuclear a otras ramas de actividad económica, tales como la salud, y la industria de alimentos.
Es interesante señalar el destacado grado de apoyo del desarrollo nuclear de buena parte de la comunidad académica argentina; entre los cuales figura, una personalidad tan distinguida por sus aportes a la sociedad como el Dr. Aldo Ferrer.
Semejante consenso –frente a los consabidos riesgos e incertidumbre de la actividad nuclear, que suponen (sus impulsores) que son y serán fácilmente salvables mediante innovadoras soluciones tecnológicas- motivan las siguientes conjeturas. En primer lugar, desde un punto de vista económico, el cálculo del costo de generación nuclear requiere la inclusión en el mismo del costo de disposición final del combustible nuclear agotado así como también el de la contratación de un seguro o un fondo de caución para afrontar eventuales daños a la sociedad debidos a fallas, accidentes y desastres.
Este último se supone que debe haberse incluido en el costeo realizado por la CNEA y sería interesante saber qué tipo de eventualidades cubre y hasta qué monto. Pero en el cálculo del costo de disposición final, dada la incertidumbre científica y tecnológica que existe al respecto (ya que la experiencia nuclear tiene menos de un siglo de vida mientras que los residuos mantienen su actividad durante cientos/miles de años) debe haberse imputado un valor estimado, totalmente cuestionable como cualquier otro valor.
Por ello, para transparentar y desmistificar la cuestión, una alternativa posible consiste en estimar dicho valor, mediante una evaluación multicriterial, incluyendo una amplia consulta que comprenda no sólo a expertos (nucleares, legales, en ciencias sociales, ingenieros, etc.) sino también a gente común -como vecinos más o menos cercanos a las localizaciones de las centrales, a otros que estén aguas debajo de las mismas, etc.- para poder valorar cómo y cuánto aquellas eventuales fallas nucleares afectarían las vidas de ellos.
Mientras tanto, en el día a día actual de los argentinos, llega el invierno y, como hace ya varios años reaparecen las amenazas de escasez de energía, indudablemente, impulsadas por el lobby petrolero y gasífero, quien quisiera contar con “precios libres” (o sea, oligopólicos) para incrementar sus ya abultadas ganancias.
Sin embargo, a pesar del incremento de la demanda energética –debido al mejoramiento económico- el gobierno, por intermedio del ministro De Vido, ha conseguido certeramente que prácticamente no haya restricciones energéticas merced a una mayor generación eléctrica en combinación con crecientes importaciones hidrocarburìferas.
Más allá de la eficacia de esta gestión energética de De Vido, cabe preguntarnos –en nombre de la sociedad, argentina y, porqué no, mundial- si es factible seguir incrementando el consumo energético. Este interrogante no se espera que sea resuelto en el marco del sector energético o como resultado del balance de divisas del país. No sólo porque los combustibles fósiles se están agotando, aquí y en el mundo en general, sino porque la presión creciente de los desechos de la utilización de los mismos (gases con efecto invernadero, enormes masas de objetos plásticos no degradables, etc.) está tornando inviable este estilo de desarrollo (así como el uso creciente e ilimitado del auto en las metrópolis) –por más difícil que nos resulte a todos cambiar a éste por un estilo de desarrollo menos consumista, más autosuficiente, más cuidadoso con el ambiente y menos explotador de los recursos naturales.
Aunque por difícil que sea este cambio de estilo de desarrollo (o sea, de nuestro estilo de vida) deberíamos imaginar lineamientos en esa dirección que impliquen, por ejemplo, un crecimiento urbano menos difuso, no tan extendido en el espacio, menores distancias de los hogares a los trabajos, no tanto desplazamiento en automóviles particulares y más en transportes públicos; una agricultura de producciones de menor escala y mayor diversidad, de mínimos insumos industriales y más intensiva en trabajo más calificado; una arquitectura bioclimática, ahorradora de acondicionamiento térmico, etc, etc.
Uno de los intentos convencionales de respuesta estatal a la inviabilidad de incrementar la utilización del petróleo y sus derivados pasa por el impulso dado a las fuentes renovables de energía, campo en el que Argentina tiene un potencial muy grande. En esta línea se inscriben también los agrocombustibles (biodiesel, bioetanol, etc.) para los cuales en el país hay un potencial inmenso, aún cuando la sustentabilidad de estos combustibles sea muy cuestionable, teniendo en cuenta la eficiencia energética neta, el ciclo de vida de los agrocombustibles y los efectos ambientales y sociales de la devastación de montes nativos y del desplazamiento de actividades y poblaciones rurales implicadas para la producción primaria de los mismos.
El otro intento reformista, de producir más energía bajo la restricción impuesta a los gases de efecto invernadero, hace reentrar en escena a la energía atómica. Puesto en palabras de la presidenta de la CNEA, en ocasión del 60º aniversario: “En el plano internacional la delicada problemática que plantean los distintos desafíos ambientales, unida a la volatilidad de los precios de los recursos energéticos que liberan gases de efecto invernadero, su rápido agotamiento, y la inseguridad en su abastecimiento, son todos factores que en la actualidad están provocando una acelerada reconsideración respecto a la situación relativa que debe ocupar la generación de energía nuclear en las matrices energéticas nacionales; esto hace que más de sesenta países sin antecedentes en esta actividad estén considerando adoptarla, atento a que cada vez con mayor amplitud se la está reconociendo entre las fuentes limpias, seguras, confiables y amigables con el ambiente, que pueden ayudar a mitigar los efectos del cambio climático. Por lo tanto bregamos por la expansión de la energía nuclear nacional, desarrollada de manera sustentable, segura, y en el marco de las garantías del régimen de no proliferación de las armas nucleares, controlada y regulada por un sistema regulatorio nacional independiente.”
Curiosa y significativamente, en la página web de la CNEA, en: http://www.cnea.gov.ar/xxi/temas-nucleares/alternativas-energeticas/alternativas-energeticas.asp (consultada el 11 de junio 2010), aparece un texto –bastante desactualizado- que presenta una visión simplista, ingenua y unidimensional acerca de las supuestas ventajas de la energía nuclear. Comienza afirmando, acríticamente, que “casi no existen controversias sobre el aumento en la demanda de la energía eléctrica” para pasar a revisar los cuestionamientos a la misma. Acerca de posibles accidentes menciona a Chernobyl, donde en 1986 ocurrió el desastre por todos conocidos, el cual es presentado por la CNEA en una versión minimalista del mismo, fuertemente cuestionada por varios informes de las más diversas fuentes. Asimismo, enfatiza que “la industria nuclear es una de las actividades donde mayores inversiones se realizan en seguridad”: cuando es bien conocido que diversas organizaciones ambientalistas y de vecinos de instalaciones de la CNEA la vienen cuestionando ante la justicia desde hace muchos años por contaminaciones radioactivas que afectan la salud de vecinos. Por último, al tratar la cuestión de los residuos nucleares, con la mayor liviandad y sin vergüenza la CNEA señala que “hoy en día es un tema más psicológico y de deficiente información pública que un problema técnico, por lo tanto para poner fin a la controversia lo que se necesita es una firme decisión política.” Una vez más este minimalismo tendencioso utilizado para desestimar cuestionamientos de reconocidos científicos de la Argentina y del mundo, suena a la soberbia de quien cuenta de antemano con la venia política.
Por todo lo anterior y, hasta tanto podamos responder reflexivamente a aquel interrogante de fondo acerca de si la sociedad puede/debe incrementar el consumo energético, sería deseable que inversiones de la magnitud y del (gran) impacto ambiental como las nucleares o la de generación eléctrica en Río Turbio (mediante carbón) sean evaluadas de una manera más amplia y con una mayor participación y consenso de la sociedad. En esta misma dirección, que la CNEA sea más transparente a la sociedad, tanto de manera directa como indirecta, por ejemplo, a través de discusiones abiertas en el Congreso no sólo sobre el nuevo plan estratégico nuclear sino sobre el estado actual de la actividad nuclear, desde la producción de uranio a la disposición final de los residuos radiactivos, tratando muy especialmente los resguardos para la salud humana (de los pueblos) y la de la tierra (junto a las demás especies).
