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Cientos de personas eran sometidas a trata laboral en una finca en La Rioja Imprimir E-Mail
martes, 12 de marzo de 2013 a las 10:01

Alrededor de 360 trabajadores eran sometidos en La Rioja a situación de trata laboral en una empresa olivícola, según se comprobó en inspecciones realizadas por la delegación provincial del Registro Nacional de Empleadores y Trabajadores Agrarios (Renatea) realizadas entre el domingo y lunes en una finca perteneciente al Grupo Mastellone-La Serenísima. Presentarán una denuncia por posible reducción a la servidumbre.

También se verificó que los trabajadores –alojados en condiciones de hacinamiento y de gran precariedad- no reciben una remuneración mensual sino un pago a destajo, según los kilos de aceitunas recolectados, lo cual viola la ley de empleo agrario, según relató a la prensa Ana Córdoba, responsable de la delegación riojana de Renatea.

Otras infracciones laborales registradas al visitar la finca son la falta de elementos de seguridad laboral, ya que usan escaleras de madera de álamo de una sola línea que apoyan en los árboles; carecen de guantes, botas, protección para el sol y ropa adecuada; todos elementos que por ley deben ser provistos por el empleador.

Unos 150 trabajadores se encontraban alojados en un galpón de chapa ubicado en el fondo de la finca, a siete kilómetros del ingreso, que sólo cuenta con ocho letrinas, debiendo cocinarse a la intemperie y con leña que recogen ellos mismos.
Las habitaciones, que albergan a 30 personas, apenas tienen una sola ventana sin vidrios que impidan el ingreso del polvillo y del agua de lluvia.

El resto de los trabajadores se encontraban diseminados en casas, muchas de ellas ex prostíbulos, sobre la ruta provincial 5 o en calles cercanas, en la ciudad de La Rioja, también en condiciones sumamente precarias, y son transportados diariamente por la empresa de la ciudad al campo. Entre los alojados hay dos parejas con niños de ocho y 14 meses, respectivamente. En una de las “viviendas”, incluso funcionó un prostíbulo que perteneció a la difunta Liliana Medina, principal imputada por el caso Marita Verón.

La finca pertenece a la firma Promas SA, del Grupo Mastellone-La Serenísima, según pudo comprobar Télam en función de los datos brindados en el lugar por un sujeto que se identificó como Ramón Tersaghi y se presentó como el "Gerente" de la misma.
Los operativos se iniciaron con denuncias por problemas de salud de un trabajador, al que se agregaron casos de despidos en los que no se abonaron las jornadas trabajadas y se expulsó a las personas de las viviendas, por lo que había abandono de trabajador, carencia de alojamiento y falta de recursos para alimentarse y también para regresar a su lugar de origen.

La finca, de 1.600 hectáreas, se encuentra sobre la ruta provincial 25, a sólo 18 kilómetros de la capital de la provincia, y fue inspeccionada a partir de una denuncia presentada por un sindicato local de trabajadores agrarios, por el caso de un joven cosechero de 22 años que padecía una pancreatitis.
Quienes viven en la finca deben caminar siete kilómetros para salir a la ruta, y luego tomar un transporte a la ciudad por el que deben pagar aproximadamente 100 pesos.
Para comprar alimentos y elementos de primera necesidad pueden abastecerse de los propios cuadrilleros que los contratan y que les venden dentro de la finca a precios muy por encima del valor de mercado, o bien tomar un colectivo los domingos a las 8, en el que van a la ciudad y que a las 11 los lleva de regreso.
El domingo es el único día de que disponen para esto, ya que luego trabajan de lunes a sábado, en jornadas de unas 13 horas que comienzan a las seis.
En la primera inspección, el joven con pancreatitis relató que lo alojaban en una casa donde habría funcionado un prostíbulo, y que con él vivían otros cosecheros que trabajaban en la finca, todos sin libretas de trabajadores agrarios, algunos de ellos con quebraduras por la caída desde olivos en los que cosechaban manualmente las aceitunas destinadas al consumo en mesa.

También había menores de edad y todos vivían en condiciones indignas, con baños sin agua, algunos de ellos químicos, pero que no funcionan. Tampoco hay cocina ni lugar para dormir para todos los alojados.
Esta inspección derivó en el registro de otras dos casas “donde tienen gente escondida", según relataron los trabajadores, con resultados similares. Los jóvenes relataron que esta situación se repite año tras año con personas que provienen de distintas provincias, fundamentalmente de Salta, Tucumán y Santiago del Estero, donde son "reclutados" por los "cuadrilleros" de las empresas.
“Venimos y nos tratan mal, y nos estafan todos los años. Y si venimos es porque tenemos necesidad”, sostuvo un cosechero, a cuyo lado se encontraba uno de los trabajadores que estuvo internado en un hospital.
“Me han dado el alta y he vuelto tres veces yo solo. Los de la empresa no se han aparecido, nunca han ido al hospital a verme”, denunció el hombre.



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